El programa nuclear suizo nunca se repuso del siniestro de Lucens. La pérdida total del reactor y los obvios problemas que ya había presentado con anterioridad les obligaban a comenzar otra vez desde cero, la idea de fabricar armas atómicas se evidenciaba cada vez más insensata y cara, y para la producción de energía eléctrica civil podían simplemente comprar centrales mucho más avanzadas donde les diese la gana (como de hecho hicieron). Se habían quedado atrás, muchos peldaños por debajo de lo necesario para convertirse en una potencia atómica incluso de segundo o tercer orden. En el mismo año de 1969, Suiza firmó el Tratado de No-Proliferación Nuclear, con sus correspondientes inspecciones y controles.
Aún así, el proyecto militar se resistió a morir. El comité vinculado al Estado Mayor siguió reuniéndose en secreto, 27 veces, hasta 1988. No obstante, fueron virando poco a poco hacia posiciones defensivas, como la protección civil en caso de ataque nuclear o con armas de pulso electromagnético. Pero mantuvieron el afán de ser una “potencia nuclear en el umbral”, es decir, un país que podría construir la bomba atómica si se pusiera a ello. En 1979, el Jefe del Estado Mayor Hans Senn aún emitió una instrucción diciendo que “en el caso de que los desarrollos políticos y tecnológicos condujeran a una evaluación totalmente nueva de la situación, [el comité] debería solicitar que se adoptaran las medidas [necesarias].”
Los desarrollos políticos y tecnológicos no fueron por ahí. El 12 de agosto de 1981, el Consejo Federal de Ministros levantaba el secreto sobre las reservas de uranio que poseía el país para ponerlas bajo el control del Tratado de No-Proliferación, transfiriendo el control sobre las investigaciones nucleares al Ministerio de Energía. En 1985, la Conferencia de Ginebra entre Reagan y Gorbachov iniciaba la congelación de la Guerra Fría. Sin embargo, todavía hubo algunas charlas privadas con alemanes y británicos, y el 31 de diciembre de 1986 el presidente del comité militar Gérard de Loes escribió una carta al Consejo de Ministros para que declarasen oficialmente que Suiza aún tenía la intención de ser una potencia nuclear en el umbral. No lo hicieron. En diciembre de 1987, Reagan y Gorbachov firmaban en Washington DC el Tratado para la Eliminación de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Estas armas constituyeron uno de los mayores factores de riesgo para la escalada rápida de una guerra atómica en Europa y su eliminación suavizaba bastante las cosas.
Casi sin presupuesto, sin medios, sin perspectivas realistas y sin apoyo político efectivo, ya fuera de la historia como quien dice, el comité militar acabó por solicitar su autodisolución. El 1 de noviembre de 1988, el Ministro de Defensa Arnold Koller echó discretamente la firma. Tras más de cuarenta años, el anhelo suizo de crear una fuerza nuclear moría así por fin.
Hoy en día, Suiza produce el 40% de su energía eléctrica en cuatro centrales nucleares civiles con reactores de tecnología extranjera (General Electric, Westinghouse y Areva) y tienen un reactor universitario de potencia cero, el CROCUS, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana; todo ello, monitorizado por la Agencia Internacional para la Energía Atómica. En 2011, tras los accidentes de Fukushima, los distintos estamentos del gobierno helvético (Consejo Federal, Consejo Nacional y Consejo de los Estados) decidieron salirse de la energía nuclear por el procedimiento de no autorizar la construcción de nuevas centrales, si bien las que están actualmente en servicio continuarán haciéndolo hasta el final de su vida útil (con el primer cierre previsto en 2019.) No son pocos quienes piensan que esta nueva política está más vinculada a los fabulosos costes de construcción de las centrales nucleares de nueva generación que a ningún problema de seguridad específico (ver también aquí). Si el mercado nunca creyó en la energía nuclear, la más subvencionada de la historia junto al petróleo y el gas, ahora aún menos. La iniciativa privada no construye actualmente ningún reactor nuclear en el mundo, a menos que tenga acceso al talonario del dinero público. En realidad, el 89% de los que se están haciendo pertenecen a empresas estatales o paraestatales monopolísticas.
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